Manifiesto al país

La Plataforma democrática para el poder ciudadano se dirige al pueblo ecuatoriano, para plantear lo siguiente:

El próximo domingo 24 de marzo, la ciudadanía acudirá a las urnas para renovar o ratificar a las autoridades de 23 Consejos Provinciales, 221 municipios, 864 Concejales, 442 concejales rurales, 4093 miembros de Juntas Parroquiales de todo el país. Ese mismo día, elegiremos por primera vez, a través del voto universal, a 7 Consejeras y Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, CPCCS.

Aunque no es el mejor método para elegir asesores en el ejercicio de derechos ciudadanos, estamos de acuerdo en hacerlo de forma democrática y aclarar a todos los candidatos que somos los ciudadanos los titulares de los derechos a la participación. Que a nadie se le pase por la cabeza que lo que elegimos es una representación de los ciudadanos, como en varias ocasiones y de manera equivocada lo ha repetido el señor Trujillo.

El artículo 204 de la Constitución de la República del Ecuador es muy claro al decir que es el pueblo, el mandante y primer fiscalizador del poder público. Desde esta perspectiva, la constitución y la ley nos da el derecho a los ciudadanos a ser quienes construyamos el MANDATO (Decidir en que se invierte, donde se invierte y como se utiliza nuestro dinero en poder del Estado). Mandato que las funciones del Estado deben ejecutar; siendo el organismo responsable de asesorarnos en la construcción del Mandato, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

En lo referente a la Fiscalización declaramos que no se puede permitir la corrupción venga de donde venga y que en términos técnicos no hemos visto la menor intención de hacerle frente por parte de las actuales autoridades, pues no vemos fiscalizadores, operadores del sistema de contratación pública y empresarios que forzosamente deben haberse  prestado para los ilícitos que todos los días aparecen en la prensa acusados. Eso nos hace pensar que hay juicios a la carta para distraer la atención mientras la corrupción solo cambia de rostros.

Los escándalos de corrupción solo han servido para crear una gran incertidumbre legal, luego de las resoluciones tomadas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, al destituir a la casi totalidad de autoridades de las instituciones de Control y de administración de Justicia, nombrando encargados en su lugar hasta que se designe a las titulares, autoridades que como se ha visto en los casos de la Fiscalía General del Estado y del Consejo de la Judicatura, han estado inmersos en escándalos que evidencian cómo se está privilegiando los intereses personales y de grupo.

Reiteramos a los candidatos al Consejo de Participación ciudadana que los titulares de derechos, somos los ciudadanos y que su rol es crear las condiciones para que sea el ciudadano quien elija las autoridades de control y no los Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana.

La Constitución vigente fue el producto de un largo proceso de lucha del pueblo ecuatoriano, de las organizaciones sociales, comunitarias y ciudadanas de todo el país, que superando una visión corporativa y de estancos, permitieron dar paso a la más avanzada Norma Suprema de la historia, que reconocía a la participación ciudadana como un eje fundamental en la planificación y ejecución de las políticas públicas, en el  control social a las autoridades de todos los niveles, y en la designación de las principales autoridades de la nueva Función de Transparencia y Control Social, entre otras conquistas.

Como pueblo organizado, ahora más que nunca, debemos recuperar el rol ciudadano del CPCCS y exigir que se cumpla con el espíritu de la Constitución; debemos impedir que éste sea tomado por la partidocracia, sea nueva o vieja, por los políticos de antes y de ahora, por los dueños del país de antes y de ahora.

Queremos que la ciudadanía sea quien ejerza el control frente al poder público, frente al poder político y frente al poder económico.

Queremos que las instituciones públicas sean efectiva y realmente autónomas, libres de presión, y que sean conformadas no por su cercanía o parentesco con el poder, sino por sus méritos, transparencia y compromiso con el bien público.

Queremos una lucha real y frontal contra la corrupción, venga de los servidores públicos de cualquier nivel de gobierno y de cualquier Función del Estado, o de los empresarios nacionales o extranjeros.

Queremos que la participación ciudadana se convierta en un real Poder Popular que planifique, fiscalice y controle la gestión de lo público y el ejercicio real de los derechos económicos, sociales, culturales y de los pueblos.

Por lo anterior, la Plataforma democrática para el poder ciudadano, convoca a la ciudadanía en su conjunto y a las organizaciones democráticas y patrióticas de todo tipo, sin distingo de ningún tipo, a estar vigilantes de que los 43 candidatos y candidatas a ocupar un espacio en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, tengan la idoneidad, la trayectoria, la  transparencia y el compromiso suficientes que garanticen el efectivo ejercicio de la participación ciudadana, el control social y la lucha contra la corrupción para alcanzar la justicia y la inclusión social, así como el respeto a la diversidad y la pluralidad.

Para conocer a las y los candidatos e identificar a quienes nos deben representar en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, nos comprometemos a crear con el aporte solidario de quienes conforman la Plataforma, el “Observatorio Ciudadano Electoral de Consejeras y Consejeros”, al cual también convocamos a las organizaciones sociales a conformar.

La Plataforma Democrática para el Poder Ciudadano, demanda de los 43 candidatos que se comprometan a:

Sobre la participación ciudadana, el control social y la lucha contra la corrupción:

  • Lucha frontal y sin cuartel contra la corrupción, sin utilizar dicho esfuerzo como mecanismo de propaganda o persecución política.
  • Fortalecer el proceso organizativo (formación política, reconocimiento de la diversidad) y la participación ciudadana.
  • Generar procesos educativos y formativos en derechos para los servidores públicos de todos los niveles de gobierno y del Estado.
  • Exigir y supervisar que los medios de comunicación difundan los contenidos de los derechos ciudadanos (art. 41. Ley Orgánica de Comunicación).
  • Viabilizar que las denuncias de corrupción sean tramitadas con claridad, prontitud y eficacia.
  • Impulsar a través del accionar de la ciudadanía que todas las instituciones públicas y las privadas que reciben fondos públicos, rindan cuentas periódicamente en procesos claros y transparentes.

En cuanto a la institucionalidad del CPCCS y de  la Función de Transparencia:

  • Crear una Comisión que analice los alcances de la aplicación de la Consulta Popular
  • Reinstitucionalizar los organismos de la Función de Transparencia y Control Social y otras instituciones cuyas autoridades fueron designadas por el CPCCS y el CPCCS-T
  • Cumplir y hacer cumplir la Ley Orgánica de Participación y Control Social
  • Atender con prioridad a los sectores sociales excluidos (migrantes)

Aspectos políticos relacionados con el país:

  • Revitalizar los principios de la constitución de Montecristi con respecto a la participación ciudadana, el control social, la transparencia en lo público y la lucha contra la corrupción.
  • Trabajar por el cumplimento y el ejercicio del “Buen Vivir”.